El séptimo Encuentro de Defensa Cívica del Patrimonio Cultural, con la participación de las asociaciones SOS Monuments de Barcelona, Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Histórico Ben Basso de Sevilla, Asociación Histórica Retiro Obrero de Sevilla, Asociación Septem Nostra de Ceuta, Asociación Cultural Abamia de Asturias, Amigos del Patrimonio de Segovia y Asociación Ciudadanos para la Defensa del Patrimonio de Salamanca, ha llegado a su conclusión después de tres días de intercambio de opiniones sobre el patrimonio cultural y monumental.
Recuerdan que Ley del Patrimonio Histórico prohíbe su destrucción y reconoce en su artículo 8.2 a todos los ciudadanos acción pública para exigir su protección. Al mismo tiempo, consideran que las administraciones públicas “tienen el deber imperativo de anteponer la defensa del patrimonio histórico artístico a la de otros intereses urbanísticos o económicos ilegítimos, sean públicos o privados, incluidos los intereses presupuestarios del propio ayuntamiento y de respetar el derecho irrenunciable de la sociedad civil de organizarse en asociaciones como forma colectiva de la libertad de expresión, de formación de la opinión pública en una sociedad democrática y de ejercicio de la acción pública de defensa del patrimonio”.
De esta forma responden al documento denominado ‘Declaración de Salamanca’, firmado por los diferentes alcaldes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad recientemente en la capital del Tormes, del que sólo ven una forma para “burlar los mecanismos de control habitual a nivel internacional de la Comisión de Expertos de Icomos, acallar a la sociedad civil y desprestigiar al movimiento ciudadano de defensa del Patrimonio y proponerse como únicos interlocutores válidos ante la Unesco”. Por eso, se muestran en contra de esta declaración y se reafirman en su labor.
Por este motivo, proponen continuar con la función de observatorio del estado del patrimonio en las ciudades, proseguir el trabajo en red, transmitir al resto de la ciudadanía la necesidad de proteger la herencia cultural como alor universal de identidad y, por último, reclamar a las administraciones el cumplimiento estricto de la legislación.