en Salamanca, a 24 de septiembre de 2009

Este pasado fin de semana ha tenido lugar en Salamanca (Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988) la Asamblea General del Grupo de Ciudades Españolas Patrimonio de la Humanidad, que integra a trece urbes españolas.

Para situarnos aclarar que este Grupo se fundó hace casi veinte años como un ente de presión en favor de determinados intereses, principalmente turísticos. De esta forma se solicitan conjuntamente subvenciones al Estado, se hacen campañas de promoción con el patrocinio de empresas… Coloquialmente es más conocido como “el lobby de los alcaldes”; y es que, ciertamente, sólo los alcaldes viajan y deciden.

Dice el refrán que cuando hay una reunión de pastores es porque alguno de ellos se ha encontrado con una oveja muerta. Aludiendo a que cada cual va por su lado salvo cuando una posible amenaza se cierne sobre todos ellos. Entonces hablamos, y hacemos fuerza. La llamada esta vez ha correspondido al alcalde de Salamanca, que a su vez preside el lobby, y a quien UNESCO ha pedido formalmente el abandono de dos proyectos que por su naturaleza suponen una clara amenaza a la integridad y autenticidad de un Bien que es de toda la Humanidad: la Ciudad Vieja de Salamanca.

Para poder seguir narrando es obligado hacer dos incisos y explicar cuáles son esos dos proyectos. Uno consiste en la construcción de un edificio de nueva planta sobre la huerta conventual de las MM. Adoratrices en un entorno monumental en el que se citan hasta siete edificios declarados Bien de Interés Cultural. Intrusión -en medio- de un edificio del siglo XXI, pérdida de visuales, ocupación de un espacio libre y no edificado, segregación de parcelas, modificaciones puntuales al Plan Especial de Protección, dos proyectos, sucesivas decisiones del Comité en contra de lo que ocurre en Salamanca… como si esta ciudad fuese tan pequeña que todo tuviese que hacerse en el centro histórico. El otro es la construcción de un aparcamiento subterráneo de vehículos en la Plaza de Los Bandos (a cien metros de la Plaza Mayor, asi que tras llenarlo el siguiente pide ir en…), que es una bonita zona verde en la que casi todos los edificios gozan de algún tipo de protección y que se vería gravemente alterada -como las calles adyacentes- por la nueva atracción para los vehículos privados. Ni que decir tiene que ambos proyectos son censurados por la mayoría de la población e incumplen numerosas cartas internacionales. A pesar de ello desde el Ayuntamiento de Salamanca se ha trabajado duro para no oír las decisiones del Comité de Patrimonio Mundial ni las alegaciones presentadas por la ciudadanía en cada trámite administrativo.

El lobby, ahora, reivindica el “establecimiento de un marco de relaciones de cooperación y lealtad recíprocas con la UNESCO que permita un intercambio de información ágil, directo y fluido entre las partes” (punto 1 de la “Declaración de Salamanca”). Desentrañemos que significa esa frase tan amable acompañándonos del resto de puntos de la declaración, del caso particular de Salamanca y de las palabras del alcalde de esa misma ciudad (presidente del Grupo de Ciudades) en rueda de prensa.

El punto 2 compromete a que “el Centro del Patrimonio Mundial tenga pronta y puntual información sobre los proyectos que cada Ciudad quiere ejecutar en el ámbito protegido por las Declaraciones de la Unesco, haciendo las sugerencias que estime oportunas y que deberían ser remitidas de manera ágil a las propias ciudades”. Si hubiese que ponerle un nombre a este punto sería, por varios motivos: “festín del desconocimiento”. De una parte tenemos que, según fija el párrafo 172 de la Guía Operativa de aplicación de la Convención de París de 1972, el Estado Parte está obligado a consultar al Comité de Patrimonio Mundial sobre cualquier proyecto; pero más concretamente en el caso de Salamanca tenemos la decisión adoptada por parte del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO (32 COM 7B.109), en su 32ª sesión (año 2008), que dice que es preceptivo “informar al Centro del Patrimonio Mundial sobre cualquier proyecto importante de restauración o construcción (…) que puedan afectar al valor universal excepcional del bien” (recordamos que UNESCO no ha reconocido el nuevo Plan General de Urbanismo de Salamanca puesto que no ha sido informada de su existencia -mayor proyecto que un PGOU, ninguno-, sólo de la desaparición del Plan Especial de Protección). Por otra parte reduce los proyectos a sólo aquellos que estén dentro del perímetro de la zona declarada, obviando que las zonas tampón o limítrofes gozan del mismo nivel de protección (una garantía lógica); reduce la labor del Comité a la realización de “sugerencias” que “deberían ser remitidas de manera ágil a las propias ciudades”, marcando los tiempos y saltándose al Ministerio, a ICOMOS… Sólo falta que luego el Ayuntamiento responda a esas, llamemoslas, “alegaciones” de UNESCO con las típicas respuestas que nos da a los ciudadanos diciendo que todo es legal, que ya está aprobado,… sin entrar a discutir, valorar, reflexionar o aportar datos. Y es que, resulta que todos son los mismos; los del Ayuntamiento o los de la Junta, quienes conceden licencias, aprueban permisos y proyectan nuevas obras. Son juez, son parte, tienen mayoría absoluta y pueden contestarte en blanco. Únicamente buscan la legalidad suficiente para no tener que ir a la cárcel; luego si viene UNESCO ya veremos (de lo que trata el lobby, ahora, es de que no venga y deje a los alcaldes hacer y deshacer a su antojo).

El punto 3 compromete a que “las Ciudades tengan pronta y puntual información (los alcaldes siguen sin comprometerse a nada) sobre las denuncias que afecten a sus proyectos y sobre los informes técnicos que al respecto solicite la Unesco, de manera que puedan aportar sus argumentos con carácter previo a cualquier decisión del Comité del Patrimonio Mundial”. En palabras del alcalde de Salamanca el lobby está preocupado “por las denuncias, que de forma compulsiva e infundada se formulan por colectivos y asociaciones ciudadanas que al socaire de pretender defender el patrimonio cultural, no tienen otro fin que obstaculizar cualquier actuación que se haga al objeto de acrecentar y enriquecer los conjuntos históricos de las ciudades”, es más, a su juicio “estas denuncias parecen tener ante la Unesco mejor carta de naturaleza que los informes de Administraciones Públicas e incluso de personas o entidades de reconocido prestigio”. Vayamos por partes. Con respecto al supuesto derecho de audiencia que se reclama, este mismo año la misión reactiva que ha visitado Salamanca ha sido tutorizada por el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Salamanca (la mejor oportunidad para “aportar sus argumentos…”). Con respecto a la mala idea que los habitantes de una ciudad tienen de lo que significa defender el patrimonio, no entraremos a discutir; puesto que justamente es al contrario. Con respecto a que las denuncias basadas en las cartas y documentos internacionales refrendados por UNESCO tienen “mejor carta de naturaleza”, obviamente tampoco entraremos a discutir con quien ni conoce la Convención de París, en base a la cual su ciudad ha podido ser inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial, ni consulta a UNESCO antes de tramitar cualquier proyecto, ni hace caso a lo que le dice o pudiera llegar a decir. Con respecto a lo de “acrecentar y enriquecer los conjuntos históricos”, nada que objetar: un aparcamiento subterráneo es una gran contribución para la humanidad que nunca sabrá agradecerlo como es debido (ironía). Y por último ¿qué valor tiene el informe de un funcionario al que su jefe le ha pedido justificar lo injustificable?, ¿qué valor tiene la aprobación de un proyecto indeseable e inconcebible en comisión o en pleno municipal?, ¿qué valor tiene recibir el parabién de la Comisión Territorial de Patrimonio o de la Academia de Bellas Artes si, éstas, únicamente resuelven advertirte que tengas cuidado al destruir posibles restos arqueológicos que encuentres o que elijas otro modelo de farola, en vez de entrar en el fondo de la cuestión que es la introducción de más vehículos privados en el centro histórico de Salamanca?, y ¿por qué tienen que ser las asociaciones ciudadanas las que informen de los proyectos y no los Ayuntamientos antes de iniciar cualquier trámite?. Las asociaciones no quieren ser “chivatas” de nada. Lo que hace falta es que los Ayuntamientos consulten los proyectos, y luego, si no lo han hecho antes, rectifiquen. Es muy difícil que alguien capaz de tener una idea descabellada sea, luego, capaz de rectificar y hacer el más mínimo ejercicio de enmienda.

El punto 4 pone las normativas, planes, leyes… y las ocurrencias de los alcaldes por encima de la Convención de París, dice así: “que estos argumentos sean sopesados y considerados con respeto al ordenamiento jurídico español y a los intereses generales que inspiran toda actuación de las Administraciones Públicas españolas y, entre ellas, las de las Administraciones Locales”. En palabras del alcalde de Salamanca “los proyectos que se tramitan por parte de las instituciones locales, cumpliendo celosamente, tanto desde un punto de vista formal como material, con la normativa urbanística y de protección del Patrimonio vigentes, son rechazados después por el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco”. Y eso no puede ser, le ha faltado decir sin salir de su asombro. Recordemos que el Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca está hecho a medida de la especulación y la explotación urbanística del centro histórico: hasta cuatro plantas de garaje (más coches, más excavaciones), más fachadismo, eliminación del Plan Especial de Protección (sin antes aprobar uno nuevo que sea más restrictivo que el general en esa zona…) y si hiciera falta se hacen modificaciones puntuales para que todo tenga cabida al socaire del malentendido progreso. El alcalde de Salamanca es la persona menos indicada para hablar de la conservación y defensa del conjunto histórico de su ciudad. Es muy fácil cumplir la legislación urbanística que uno redacta, y si no le conviene la modifica (sin consultar previamente al Comité de Patrimonio Mundial, faltaría más).

El punto 5 involucra al Ministerio de Cultura (siempre mirando a los demás) al demandarle “el apoyo a esta reivindicación y su amparo ante la Unesco en defensa de la trayectoria y esfuerzo acreditados por las ciudades en pro de la conservación y protección de nuestro patrimonio histórico, artístico y cultural”. En rueda de prensa, estos alcaldes avisan que solicitarán una reunión al Centro de Patrimonio Mundial para trasladarle este documento, algún obsequio más y pasar unos días en París. Este punto 5 sólo será válido el día en que Salamanca tenga un Plan Especial de Protección (decente), un Plan de Gestión Integral, que ambos sean aprobados por UNESCO y supere la valoración sobre la integridad y autenticidad del Bien que fue declarado hace, ahora, 21 años. Por ahora las palabras de quien desprotege un Bien que encontró protegido, de quien sólo ve monumentos aislados, o de quien aprueba el derribo del espacio escénico más antiguo de Europa, no tienen ningún crédito.

Poner al alcalde de Salamanca delante de un micrófono da lugar a jugosas declaraciones, más allá del texto firmado por los miembros del lobby. Su comparecencia, además de para mostrar su desacuerdo con las decisiones del Comité de Patrimonio Mundial y reconocer que sus proyectos están paralizados, a la espera de que confirme su abandono, ha servido especialmente para cebarse con los ciudadanos que, en defensa de la autenticidad de su ciudad, informan al Centro de Patrimonio Mundial.

Es precisamente en Salamanca, ciudad que durante los últimos 8 años ha protagonizado las decisiones del Comité de Patrimonio Mundial, para vergüenza de toda España, donde, bajo la motivación del “hoy por tí, mañana por mí”, trece alcaldes se unen al desafío emprendido por el alcalde de Salamanca. Éste pretende sacar adelante sus proyectos transformadores manteniendo el título, o sea, modificando el eje de rotación del planeta. Pretende decir que su ciudad es histórica, que es un legado de las generaciones pasadas, cuando cada día que pasa menos se la reconoce.

Realmente cree el alcalde de Salamanca, los otros ni se enteran, que UNESCO va a reinventarse por su petición. ¿Se lo cree?. ¿Cree él que una mejora de las “relaciones” (entre una organización de estados y unos alcaldes, no lo olvidemos) le va a dar el visto bueno a sus proyectos?. Eso supondría abrir la veda a que todos los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial dejaran de ser lo que eran el día de su inscripción para seguir desarrollándose a merced de los intereses del mercado inmobiliario, del marketing y del turismo. Y eso es una pérdida cultural que no nos podemos permitir. Y si a él le cuesta no poder destrozar su ciudad (verbo utilizado la primera vez que desistió de la construcción del citado aparcamiento), se tendrá que aguantar. Mientras, que siga haciendo el esfuerzo, de cara a la galería, a su ego, a sus seguidores, de intentarlo todo para poder destrozar la ciudad heredada. Pero que no la toque. Hace veinte años dejó de ser suya para ser de toda la Humanidad. Todos tan orgullosos, menos él. Y esto es aplicable al resto de alcaldes que le acompañan.

Ellos, elegidos democráticamente para representar a sus ciudades y ciudadanos, que cada cuatro años piden ser votados, no se ruborizan a la hora de firmar documentos que lo único que pretenden es anular la participación ciudadana. Ellos, tan listos, olvidan que la conservación de las ciudades históricas concierne, en primer lugar, a sus habitantes (Carta Internacional para la conservación de las Ciudades Históricas). Ellos, supuestamente interesados en la conservación del patrimonio, creyeron que el título era para toda la vida, y así debería ser, pero sólo si se siguen (sin excepción) las reglas marcadas para la conservación de este patrimonio. No para la reinvención del mismo.

Según el alcalde de Salamanca, en un ejercicio de demagogia, desconocimiento y despiste interesado, estas ciudades “no se pueden quedar en el gótico, no quieren ser cementerios ni mausoleos de nada”. El titular del periódico Tribuna de Salamanca del 20 de septiembre de 2009 lo deja claro “Ciudades Patrimonio exige menos trabas para el desarrollo urbanístico”. Muchas líneas hacen falta para expresar tantos argumentos contra estas declaraciones. Partiendo que de ya nadie vive en las cavernas y la luz llega a a todas las casas, recordaremos la existencia de cartas internacionales refrendadas por UNESCO e ICOMOS sobre arquitectura contemporánea en las ciudades históricas. Guías que a buen seguro el señor Lanzarote desconoce. Siguiendo por aclarar que el proyecto de Adoratrices no es un conflicto sobre la arquitectura moderna sino sobre la ocupación de espacios libres en la ciudad histórica. Continuaremos con la planificación urbanística dentro del término municipal de Salamanca, que es muy grande, y que en la actualidad (en el siglo XXI) se está expandiendo en nuevos sectores urbanísticos. Lugares en los que deberían construirse esos emblemáticos edificios firmados por los más mediáticos arquitectos del siglo XXI. Descartamos la posibilidad de que un arquitecto, hoy, prefiera hacer un edificio actual en un entorno monumental donde su obra estará muy limitada a fin de que se adapte a unos volúmenes, materiales e incluso al entramado histórico; teniendo la posibilidad de construir en un nuevo desarrollo y evitar la polémica y el sonrojo de los propios habitantes cada vez que una pésima intrusión es confundida con un elogioso atrevimiento.

Volviendo al caso concreto de Salamanca habría que preguntarse cuál es el beneficio o mejora (el señor Lanzarote parece estar muy orgulloso de lo bien que él protege Salamanca) que para el patrimonio, y para la humanidad, tiene la construcción de un edificio de nueva planta en la huerta del convento de las MM. Adoratrices, de un aparcamiento de vehículos en la plaza de los Bandos, la no ampliación de la zona declarada, la práctica del fachadismo, la aprobación de Planes Urbanísticos que desprotejen la ciudad histórica, la carencia de Plan Especial de Protección y de Plan de Movilidad, la posibilidad de realizar modificaciones puntuales a los planeamientos… ¿cuál es el beneficio?. Ocupación de espacios libres, más vehículos y motorización, menos protección y conservación de nuevos enclaves que se puedan ir salvando para la historia, colapso diario de vehículos en la ciudad, pérdida del caserío histórico, normativas urbanísticas a merced del máximo aprovechamiento… Estúpido progreso aquel que pisa el pasado sin conservarlo.

El señor alcalde que lee y promueve el desafío, con buenas palabras, es el jefe del concejal de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Salamanca que ante las decisiones del Comité de Patrimonio Mundial no ha sentido vergüenza al decir que son “subjetivas” (tras una misión reactiva tutorizada por el Ministerio y el Ayuntamiento), que todos los años son lo mismo (ocho años en el punto de mira, lo normal es no aparecer nunca), o que los dos proyectos seguirán adelante a pesar de la UNESCO. Ahí están los recortes de prensa y los audios de la radio. Toda una serie de amenazas, de desafíos, caiga quien caiga. Una actitud más que reprochable y unas declaraciones que, a la vez que buscan restar importancia a lo que aquí ocurre, desprestigian el título que luce la ciudad.

En el capítulo de premios recordemos que en septiembre de 2008 la Infanta Cristina se prestó a representar al lobby de alcaldes y entregar, en Ávila, al director del Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, Francesco Bandarin, el I Premio Patrimonio que concede el propio lobby. Un premio creado para la ocasión. El agasajado, muy emocionado, sólo pudo decir, refiriéndose a la polémica remodelación que llevó a cabo el arquitecto Rafael Moneo de la plaza de Santa Teresa (el Comité de Patrimonio Mundial tomó varias decisiones al respecto), “en el pasado, tuvimos un pequeño problema” que “ahora parece que ya está bien”. En septiembre de 2009, sin Infanta y sin Premio, la directora general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura, María Ángeles Albert de León, quien tomó posesión de su cargo el pasado mes de julio, recibió de manos del alcalde de Salamanca la insignia del Grupo de Ciudades. Las personas somos más que una medalla. Las ciudades son más que un alcalde.

No se podría finalizar este texto sin recordar al recientemente cesado subdirector de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura, señor Lafuente Batanero. Los problemas crecen y en los últimos años la acción preventiva del Ministerio de Cultura sobre los Bienes declarados Patrimonio de la Humanidad ha sido pésima: Ávila, Compostela, La Laguna, Salamanca, Ibiza, hitos de Gaudí, torre Pelli en Sevilla… por la no aplicación de la Convención de París, su Guía Operativa y otros muchos documentos aprobados por UNESCO, en España y en los bienes declarados.

El último esfuerzo para salvarse fue la pasada sesión del Comité de Patrimonio Mundial en Sevilla, organizada por España, donde se detectó un intento de (digamos…) “sabotaje” por parte de un Estado miembro, el Estado Español. Recordemos (diario ABC del domingo 30 de junio de 2009): “Fuentes del Ministerio de Cultura confirmaron ayer a ABC que en la 33 reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco no se tratará el informe que sobre el impacto que tendrá la Torre Pelli en Sevilla presentó Icomos”. “No se va a hablar de esto -dijeron las fuentes del Ministerio de Cultura- porque hay por delante y en la agenda de los asistentes otros temas que ya estaban previstos. Icomos ha presentado este informe porque están aquí y la reunión se celebra en Sevilla, pero nada más”. Como si los demás no supiéramos cómo funcionan estas reuniones. Como si el Ministerio, a falta de poder modificar el resultado de las votaciones, creyese poder dictar el orden de la reunión. Declaraciones similares fueron realizadas por “fuentes del Ministerio” a los medios de Salamanca indicando que el informe elaborado por la misión reactiva que visitó esa ciudad no sería tratado en la Sesión de Sevilla y sí en otra posterior.

Finalmente tanto el tema de Sevilla como los temas de Salamanca fueron tratados por el Comité. Pese a los intentos del Estado Español por negar tal posibilidad, por ¿manejar la agenda del Comité?… ¡¡con qué pretensiones se emiten qué declaraciones a los medios de comunicación!!.

Pero el escándalo es vox populi desde que el pasado 22 de agosto el ingeniero industrial José Vicente Costa publicase un anuncio de una página en el periódico La Vanguardia en el que denuncia cómo el Ministerio de Cultura de España engañó a la Unesco al afirmar que no hay alternativas a su trazado o que la zona catalogada del templo de la Sagrada Familia está a más de 60 metros de donde pasará el túnel.

La plataforma “Ave pel litoral” afirma que todavía existen cuatro alternativas posibles -Litoral, calle Aragón, calle Valencia o por el Vallés- y recuerdan que la empresa INTEMAC está estudiando, por encargo del propio ADIF, si las medidas para proteger el templo son satisfactorias. Según esta plataforma, Luis Lafuente, no es ningún experto independiente.

Concluyendo. El lobby de alcaldes es un ente de presión para lo que sea. Se ha hecho fuerte y le es lo mismo pedir conjuntamente subvenciones, organizar fastos, que retar a la UNESCO. El lobby es peligroso y cuenta con el beneplácito de cuantos se dejen condecorar con falsos premios por desacreditados alcaldes. Alcaldes, como el de Salamanca, a los que les tiembla la voz cuando la boca se les llena de palabras que no casan con la realidad oculta tras la propaganda y el merchadaising turístico. La deriva del turismo y de la construcción está transformando de forma irracional, sin ninguna planificación, las ciudades históricas. Éstas cada día carecen de menos historia, de menos valor; y cargos, como el de subdirector de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura acaban por sobrar. Algún día sobrarán los alcaldes, los malos alcaldes.