Además de la Carta de Turismo Cultural, firmada en 1976 en Bruselas, y adoptada por ICOMOS. Ahora surge una una nueva carta, ésta sobre el patrimonio cultural y firmada por la Junta de Castilla y León.

La noticia surgió hace unas semanas, en el I Foro sobre Economía del Patrimonio Cultural que impulsa la cooperación europea en materia de patrimonio con el objetivo de generar riqueza, desarrollo económico y cohesión social a través de esta industria cultural. Todo lo hablado en este encuentro, planes y propuestas, han quedado materializados en la la ‘Carta de Bruselas’.

La Red Europea de apoyo al Patrimonio Cultural fomentará futuras reuniones.

La Carta de Bruselas propone tratar el Patrimonio Cultural por su valor “esencial e intrínseco”, más allá del contexto económico, puesto que es “un activo no renovable” y que tanto las administraciones como los ciudadanos deben concebir como un servicio público básico y de atención obligatoria, un derecho fundamental para su bienestar y desarrollo, y necesario siempre para la cohesión social en un entorno multicultural.

La Carta de Bruselas sostiene la necesidad de poner en marcha una estrategia de socialización de los valores del patrimonio cultural, que arrancando desde las primeras etapas de la educación, y durante todos sus periodos, garantice el necesario conocimiento y accesibilidad universal a los bienes y servicios que integran el sector de la cultura. Por ello las actividades destinadas a la conservación, restauración y gestión de los bienes que integran el patrimonio cultural constituyen una red de elementos capaces de dinamizar la economía de nuestros países en ventaja competitiva con otras actividades sometidas en mayor medida a los ciclos y coyunturas que se producen periódicamente.

Este sector económico alternativo a otros modelos preponderantes es capaz de crear empleo estable, especializado, de calidad y no deslocalizable; estas políticas económicas se configuran por lo tanto como una inversión pública y privada de elevado índice de rentabilidad social. Estas actividades impulsan el avance y transferencia de la I+D+i, tanto a través de las nuevas tecnologías aplicadas a la conservación, restauración y difusión como del esfuerzo por aportar nuevos modelos, sostenibles y eficientes, de gestión del patrimonio.