El Teatro Romano de Sagunto debe volver a ser ruina ya que el Tribunal Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento valenciano y confirma el derribo de la polémica restauración en el plazo de 18 meses.

El litigio, que ha durado 17 años, concluye con el levantamiento de las placas de mármol que se superponen a la anterior piedra de las gradas y se demolerá el muro de cierre de la escena hasta una altura de 1,20 metros desapareciendo, de esta manera, el escenario reconstruido. El teatro recuperará su aspecto ruinoso anterior a la intervención diseñada por los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli.

La Generalitat debe ejecutar la sentencia con un coste millonario.

El Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), de 2003, que consideró ilegales las obras en función de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Estimó que se trataba “de una reconstrucción sobre las ruinas auténticas”.

El abogado y ex diputado autonómico del PP Juan Marco Molines inició el litigio, en nombre de colectivos conservacionistas, en 1993 contra la intervención decidida por la Generalitat, a la sazón gobernada por Joan Lerma, del PSPV-PSOE. Desde entonces, el teatro romano ha formado parte del debate político y arquitectónico. El PP valenciano hizo bandera contra la intervención, si bien con los años la campaña fue perdiendo fuerza conforme la Generalitat, gobernada a partir de 1995 por los populares, dotaba de uso cultural al recinto. El teatro romano se convirtió en una patata caliente que se ha ido eternizando en recursos.

Sagunt en su recurso consideraba que el grado de reversión acordado imposibilita el uso cultural continuado del teatro “con la consiguiente repercusión negativa en el ámbito cultural de la ciudad; y que afectará gravemente a la calidad de vida y a la actividad económica del municipio”. Para el Alto Tribunal, este motivo no es “digno de ser tomado en consideración, porque concluidas las obras el teatro podrá seguir prestando el servicio cultural que cumplía, sin que su ejecución pueda afectar, y menos gravemente, a la calidad de vida de los vecinos y a la actividad económica”.

Ahora Alfredo Castelló (PP), alcalde de Sagunto, opina que “simple y llanamente habrá que cumplir lo que dice la sentencia” y Ana Noguera, diputada socialista, pregunta al PP por qué “quiere destrozar” el teatro romano.

Lo último es que “Vecinos y comerciantes preparan movilizaciones para evitar la reversión de las obras. El colectivo teme que la inutilización del teatro suponga la ruina para sus negocios.” ¿y por qué no se hace un teatro del siglo XXI en un lugar del siglo XXI en vez de travestir el teatro romano?. El debate está por todo lo alto.