En esta semana que termina se ha conocido cuál será el futuro de las Comisiones Territoriales de Patrimonio en Castilla y León, prácticamente todo seguirá igual, o todo cambiará, según las fuentes: “Todos los asuntos de Patrimonio pasan a depender de una comisión autonómica”, “puede aprobar o denegar obras que afecten a Bienes de Interés Cultural” o “Autorizará obras y estará por encima de las comisiones territoriales de cada provincia”. En cierto modo son contradictorios. ¿Para qué queremos las provinciales si la autonómica está por encima? ¿Es para crear más cargos y repartir más comisiones? ¿O sólo tendrá poder decisorio en circunstancias particulares?. Una de esas circunstancias parece que sería la de los bienes BIC, ¿y por qué las Comisiones en las provincias no pueden decir nada sobre los BIC?.

La Comisión de Patrimonio Cultural se situará por encima de las diferentes comisiones territoriales provinciales para “avanzar en la conservación y gestión” de la riqueza cultural de la autonomía extendiendo “su actuación a todo el territorio de la comunidad sin invadir las competencias de las comisiones territoriales de patrimonio cultural”.

Sus competencias se extienden hasta “asuntos cuya competencia corresponde a las comisiones territoriales de patrimonio cultural, cuando no se alcance la mayoría de los votos de los miembros presentes sin ninguno en contra, en la adopción de acuerdos de estos órganos”. Y también podrá decidir sobre los proyectos de restauración de bienes declarados de Interés Cultural cuando su titularidad corresponda a la Junta o emitir informes en la aprobación, revisión o modificación de cualquier instrumento de planeamiento urbanístico de municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes cuando en ese área exista algún BIC.

En palabras de la propia Junta, el Decreto 37/2007, de 19 de abril, “ha supuesto una innovación en la gestión del patrimonio, en cuanto que crea organismos especializados para la protección, adecuados a la realidad de la comunidad, que buscan una mayor eficiencia en función de las específicas características de nuestro amplio y disperso legado patrimonial, y una visión territorial más amplia, integradora e integral del Patrimonio”.

Como con cada cambio surgen los tópicos, los temores y las verdades encubiertas.

Ahora, muchas de las decisiones caseras (del día a día), pero vinculantes, serán tomadas por gente “de fuera” que en muchos casos apenas conoce la ciudad, municipio, bien o conjunto histórico en cuestión. Con esta Comisión de Patrimonio Cultural se retoma el centralismo de Valladolid como eje de la toma de decisiones de todo lo que acontece de la Junta “para abajo”, como si “abajo” (el resto de provincias) no contase. Con esta Comisión también se acaba el sueño de muchos ayuntamientos con intereses de que las competencias de patrimonio fueran transferidas hacia ellos. Y, con esta reestructuración, también se pierde la oportunidad de abrir las Comisiones Territoriales de Patrimonio hacia la ciudadanía, hacia los colectivos sociales, quedando como entes compuestos por gente designada a dedo bien por los cargos de la Junta, bien por los cargos de universidades, iglesia, municipio… Sin duda alguna ésta ha sido una oportunidad perdida, pero el giro ha sido muy interesado.