El PEPCHA de Ávila anulado, “póngame otro”
En noviembre de 2004 el Tribunal Supremo anulaba el PGOU y ahora anula el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Ávila por considerarlo contrario al ordenamiento jurídico. El Tribunal Supremo indica que ‘en el supuesto de que se admitiera la autonomía del PEPCHA hasta el punto de no necesitar del PGOU’, se infringiría igualmente la normativa ‘al no haber sido aprobado dicho plan especial por el Ayuntamiento de Ávila, dada su manifiesta incompetencia, por corresponder la misma a la Comunidad Autónoma’.
Desde el Ayuntamiento se han apresurado desde que se conoció a afirmar que la sentencia no tendrá consecuencias, ya que se está elaborando un nuevo PEPCHA, además ‘todas las edificaciones y licencias urbanísticas concedidas en el casco histórico llevan el dictamen favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta, por lo que se garantiza su legalidad’.
Se utilizan los mismos argumentos que se usaron en el momento de la anulación del PGOU. Independientemente de la elaboración o no de un nuevo PEPCHA, con el ahora anulado se han realizado numerosas actuaciones, se ha desarrollado el ARI que actualmente se encuentra en vigor. Cierto que han tenido dictamen favorable de la Comisión de Patrimonio, pero no es menos cierto que hemos vivido dos comisiones que han tenido visiones distintas del Patrimonio y de lo que podía estar o no permitido, siendo la anterior a la actual curiosamente permisiva.
Por otra parte no puede decirse que el Plan de Protección fuese modélico, la UNESCO en su resolución de 2.005 ya ponía el dedo en la llaga al afirmar: “Actualmente, existen diferentes instrumentos de planificación pero sus límites no coinciden y no son necesariamente coherentes con el Bien inscrito. La delegación ha constatado que sería necesario estudiar la eficacia de la principal herramienta de conservación, el Plan Especial para la Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Ávila (PEPCHA), que debiera ser examinado con atención. En este caso el PEPCHA ha sido revisado para autorizar la realización del proyecto de la plaza de Santa Teresa, debilitando de esta manera su función consistente en asegurar un control y una gestión de conjunto”.
No es tan importante el hecho de la anulación del PEPCHA o del PGOU como la indiferencia de los políticos a la anulación por los tribunales de las normas que dictan, les trae sin cuidado: ‘ahora mismo redactamos otro’. Pero ¿de verdad creen ustedes que no tienen ninguna responsabilidad?.
Tanto los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), como los Planes Especiales y demás instrumentos reguladores de los procesos de urbanización y edificación se encuentran sujetos al derecho Urbanístico, por lo que operan bajo el principio del “ius variandi”. De manera que, siendo herramientas imprescindibles y convenientes para regular la ciudad nueva, resultan totalmente inapropiadas y nefastas para conservar un casco histórico de categoría mundial. La experiencia así lo está demostrando una y otra vez. Aunque en un principio el planeamiento urbanístico especial (PEPCHA o similar) aprobado con todas las bendiciones sea el adecuado, las modificaciones urbanísticas “puntuales” que posibilita el Urbanismo terminan por justificar edificaciones totalmente opuestas a la conservación del patrimonio. De aquí que desde nuestra Federación propongamos que el tratamiento de los cascos históricos declarados de categoría mundial queden fuera de la órbita del Urbanismo, y que su regulación se haga con un Plan Director de Conservación Monumental, similar a los que protegen las catedrales, murallas y grandes monumentos.